Juan Enrique no olvidará nunca su visita a Granada. Este joven de 30 años llegó a la ciudad el Miércoles Santo para disfrutar de la Semana Santa granadina pero por culpa de una inconcebible cadena de errores policiales y judiciales ha pasado seis días ingresado en la cárcel de Albolote sin motivo alguno. La Policía Nacional y la juez de guardia lo enviaron al centro penitenciario tras ser detenido por una supuesta orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión que nadie se molestó en comprobar si era correcta. Juan Enrique ha pasado seis días en una celda siendo inocente y sin tener antecedentes penales. El lunes quedó en libertad gracias a que sus abogados se preocuparon de contactar con la Audiencia Nacional -tribunal de donde partió la orden de detención- para advertirles del error cometido en Granada.

La persona a la que buscaba realmente la Audiencia Nacional era a Israel Tena Martí, que para mayor despropósito lleva tiempo cumpliendo pena de cárcel en la prisión de Castellón por los hechos por los que era buscado. El fallo consistió en confundir a Juan Enrique T. M. con Israel. Ambos comparten únicamente el primer apellido (Tena). Los nombres y los segundos apellidos son distintos, los DNI diferentes y las fechas de nacimiento nada tienen que ver. Una comprobación rutinaria de los datos personales hubiera bastado a la Policía Nacional y a la juez para darse cuenta de que se equivocaban. El resultado: un inocente en la cárcel durante seis días.

Los documentos policiales y judiciales en poder de este periódico acreditan el fallo. Entre ellos destaca un exhorto de la Audiencia Nacional dirigido el lunes al Juzgado de Instrucción 3 de Granada para que “se proceda inmediatamente a poner en libertad a don Juan Enrique T.M.” porque “no se encuentra condenado por esta causa” y una providencia del presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se ordena la puesta en libertad del joven y se precisa que el penado es Israel Tena Martí “quien se encuentra cumpliendo condena en el centro penitenciario de Castellón”.

Detenido, sin más. Juan Enrique llegó el miércoles a Granada junto a un amigo y se alojó en el hotel Carlos V de la plaza de los Campos. “Salimos a disfrutar de la ciudad, de la Semana Santa y nos fuimos a ver el Cristo de los Gitanos hasta que se encerró en el Sacromonte”, recuerda el joven, que regresó a su hotel sobre las seis de la madrugada del Jueves Santo. Unos minutos después llamaron a la puerta de su habitación. Eran dos policías nacionales que le pidieron que se identificara. Entregó su DNI y le preguntaron si tenía algo pendiente con la justicia. “Les dije que no, que nunca había tenido problemas de ese tipo, pero me pidieron que los acompañara a comisaría para aclarar unas cosas”. Juan Enrique salió de la habitación e inmediatamente fue esposado. “Me dijeron que así iría más seguro y que estaba detenido”. El joven preguntó por qué y nadie le contestó.

Señala que los agentes lo ingresaron en los calabozos de la Jefatura de la Policía Nacional. Allí coincidió con los funcionarios que entraban al turno de mañana, los mismos que se extrañaron al ver que tenían a un detenido en la celda al que no le constaban antecedentes policiales. El dato se pasó por alto. En la Inspección de Guardia fue atendido a las 6.30 horas. El instructor de las diligencias -a las que ha tenido acceso La Opinión- le informó de que estaba detenido porque tenía en vigor una orden de busca y captura e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Nacional (ejecutorias 108/2008 del Rollo de Sala 55/03. Sección Tercera de la Audiencia Nacional). En el oficio remitido al juzgado de guardia por la Policía Nacional se informa que “solicitados los antecedentes policiales de la Dirección General de la Policía, se pudo comprobar que dicha persona tenía pendiente la citada búsqueda”.

En la base de datos de la Policía Nacional se había confundido a Israel -el verdadero delincuente al que buscaba, pese a estar preso, la Audiencia Nacional- con Juan Enrique, un funcionario sin antecedentes penales que hacía turismo en Granada.

El joven detenido continuó pidiendo explicaciones en comisaría. “Lo único que me decían es que había una orden de ingreso en prisión contra mí de la Audiencia Nacional”, recuerda. Le tomaron las huellas dactilares y lo reseñaron en Policía Científica como si de un delincuente se tratara. De los calabozos policiales pasó directamente a disposición judicial.

La juez Aurora Fernández, de Instrucción 3, se encontraba de guardia. En el juzgado tampoco se llegó a comprobar si Juan Enrique llevaba razón al afirmar incansablemente que todo se trataba de un error. De hecho, el joven asegura que pidió el ´habeas corpus´ “y me lo denegaron”. Este es un procedimiento que en teoría pretende evitar detenciones ilegales y que deja en manos del juez el examen riguroso de los hechos que han originado la detención. Según Juan Enrique, desde el Juzgado de Instrucción 3 se lo denegaron al considerarlo improcedente después de estudiar el caso.

La juez Aurora Fernández dictó un auto el jueves en el que ordenaba el ingreso en prisión del detenido por la requisitoria de la Audiencia Nacional. En el mismo auto, la titular del juzgado acuerda “instruir diligencias previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación [la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas que han intervenido en los mismos] y en su caso el procedimiento aplicable”. Las diligencias acordadas por la juez consistieron en dar cuenta al fiscal de la detención y mandar a la cárcel a Juan Enrique T.M.

Mal trato. Desde el juzgado salió esa misma mañana un mandamiento de prisión en el que se solicitaba al director del centro penitenciario que custodiara “en calidad de penado” al joven. Juan Enrique asegura que fue atendido por una mujer en el juzgado -no sabe si fue la juez o una funcionaria-. “Me trataron muy mal, con mucho desprecio y me dijeron que no podían comprobar lo que les decía porque al ser unos días festivos, en la Audiencia Nacional no había nadie”, explica el joven. Juan Enrique solicitó en comisaría la asistencia de un abogado de oficio pero asegura que en los seis días que ha estado privado de libertad no ha recibido asistencia letrada.

Los abogados granadinos Jesús García y Rafael García se hicieron cargo del caso tras recibir la llamada de un amigo común. Ellos fueron quienes advirtieron el lunes a la Audiencia Nacional del error. La Sección Tercera reconoció el fallo y lo comunicó por escrito a las 9 de la mañana del lunes (pasadas las fiestas) al juzgado de guardia de Granada. Juan Enrique podía haber salido de Albolote a las 9 de la mañana, pero la burocracia judicial retrasó la puesta en libertad de este inocente hasta las seis de la tarde. Así pasó Juan Enrique cerca de seis días privado de libertad por un error en cadena de la Policía Nacional y los juzgados.

PABLO MARISCAL - La Opinión de Granada